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La Almoraima no se vende

Un año y nueve meses después de que el Gobierno anunciase su intención de vender la gran finca pública de La Almoraima —el latifundio gaditano de 14.113,1 hectáreas que el Estado expropió al grupo de José María Ruiz-Mateos en 1983—, el Ejecutivo no ha dado ningún paso en esa dirección. El proceso de venta de esta finca de alcornoques, que ocupa casi el 80% del término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz) y que está dentro del parque natural de Los Alcornocales, está congelado. De hecho, ni siquiera se ha iniciado.

Fuentes conocedoras del proceso aseguran que el interés del Estado por desprenderse de esta finca —una privatización que desencadenó un enorme enfrentamiento con la Junta de Andalucía— ha desaparecido. Entre otras cosas, porque la presión sobre las cuentas de España ha descendido. Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Agricultura (propietario de la finca) afirma que la intención de vender el latifundio "no ha cambiado" y que se "está estudiando". Pero, a continuación, este portavoz reconoce que "no se ha hecho nada" dentro de este proceso de privatización.

La extinción —y venta— de La Almoraima, SA era una de las medidas incluidas en el informe de junio de 2013 elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). En aquel momento —justo un año después de que España pidiera el rescate para algunos de sus bancos—, la CORA consideraba "necesario plantear sin dilación" algunas operaciones, como la "extinción" de cinco mercantiles. Todas esas sociedades se han suprimido, salvo La Almoraima, SA, cuyo único accionista es el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, del ministerio. Al poco tiempo de conocerse el informe de la CORA, el departamento del entonces ministro Miguel Arias Cañete reconoció que la intención era vender y cifró en unos 300 millones de euros lo que podría conseguirse por La Almoraima, que ocupa una superficie similar a todo el término municipal de Sevilla capital (141 kilómetros cuadrados).

Varias fortunas internacionales y grupos de inversión se han interesado en este tiempo por estos terrenos, que también llamaron la atención de Salma Hayek y su marido, François-Henri Pinault. La pareja llegó a visitar la zona y a sobrevolarla en helicóptero.

El PSOE, que en la última legislatura ha gobernado Andalucía junto a IU, llevó este asunto al Congreso y preguntó al Ejecutivo central sobre los pormenores del proceso. En marzo de 2014, el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, respondió que todo arrancaría con la apertura de "un concurso público para asesoramiento financiero-económico". Luego, "el asesor financiero" realizaría "una valoración de la empresa La Almoraima, SA y, sobre esta valoración, se publica un concurso público de venta". "Hasta que no se dé el primer paso, no es posible conocer las condiciones del concurso", se añadía en esa respuesta en el Congreso de los Diputados.

Pero, justo un año después, nada se sabe de ese concurso público para contratar al asesor financiero que debía guiar el proceso. El ministerio tampoco aclara si está previsto que se abra en lo que queda de legislatura.

La campaña de las elecciones andaluzas —que se celebran el 22 de marzo— está ya en marcha. Luego, vendrán los comicios municipales de mayo. En el último trimestre, están previstas las generales.

PSOE e IU han hecho bandera de la oposición a la privatización del latifundio, donde trabajan alrededor de 80 personas y cuya principal actividad económica es la explotación del corcho, aunque también hay caza, agricultura y algo de ganadería. La Junta intentó bloquear la operación ampliando el parque natural de Los Alcornocales. Lo que hizo el Gobierno regional fue incrementar sus límites para que el 100% del latifundio que se quería privatizar estuviera protegido. Con este paso se vetaba el plan urbanístico que la dirección de La Almoraima, SA había preparado para que, en el 10% que no estaba dentro del parque, se pudiera construir un complejo hotelero de lujo, con campos de golf y polo e, incluso, un aeródromo. Este plan urbanístico también fue bloqueado por el Ayuntamiento de Castellar, gobernado por IU con el apoyo del único concejal del PP.

El Gobierno andaluz, tras anunciarse hace un año y nueve meses la privatización, pidió al Estado que le cediera esas tierras. Pero el ministerio respondió entonces que no, que si querían hacerse con ella que pagaran. El Ejecutivo regional ya solicitó ante los tribunales la cesión de La Almoraima. Pero el Tribunal Constitucional rechazó esta posibilidad en 1994, cuando la finca dependía de Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza y del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. En los 32 años que han pasado desde su expropiación, ni el PP ni el PSOE han dado los pasos para, desde el Gobierno, incluir esta finca dentro del patrimonio del Estado. Han preferido que La Almoraima siga siendo una mercantil cuyo único accionista es el Estado.